El presidente de la Federación de Acopiadores de Cereales, Fernando Rivara, detalló los temas clave de la agenda del sector.
Conviene continuar con los lineamientos de contralor comercial agropecuario a cargo del actual organismo.
El presidente de la Federación de Acopiadores de Cereales, Fernando Rivara, hizo referencia a la relación del sector con el transporte automotor de cargas y afirmó: “seguimos bregando por consolidar la libertad y un esquema de tarifas referenciales cuya aplicación no discrimine fuertemente a las plantas de acopio”.
Durante el brindis de fin de año de la entidad, Rivara recordó que el acopio comercializa el 50% de los granos, distribuye el 40% de los fitosanitarios y el 25% de los agroquímicos.
“Desde el sector privado nos debemos una actualización de las reglas y usos del comercio de granos que genere mayor eficiencia administrativa y equidad en las prestaciones recíprocas, previendo situaciones de alta inflación y volatilidad cambiaria”, aseguró.
Además, consideró “conveniente continuar con los lineamientos y las acciones referidas al contralor comercial agropecuario a cargo de su actual organismo, que por razones técnicas debería mantener cierta autonomía, al margen de los cambios políticos”.
Respecto de la convocatoria del Presidente electo Alberto Fernández, al campo, la minería y el petróleo a “hacer un esfuerzo”, Rivara sostuvo que “eso está muy bien, pero con mucho respeto le digo al Presidente electo que sería bueno que la política se sume a ese”.
El titular de los acopiadores reclamó reducir “la incidencia de impuestos muy distorsivos que afectan las transacciones y, por lo tanto, la actividad de nuestras empresas acopiadoras (débitos y créditos, sellos, ingresos brutos”.
Las Buenas Prácticas Agrícolas también fueron mencionadas por Rivara: “Como miembros de la cadena agrícola tenemos la responsabilidad de colaborar con su elaboración, aplicación y apoyar a los organismos encargados de su control, poniendo especial énfasis en la protección del medio ambiente”.
“Para ello trabajamos en un proyecto de ley nacional coordinado por la Fundación Barbechando que intenta ordenar la anarquía que hay sobre las aplicaciones de fitosanitarios existe en distintas localidades del país”, concluyó Rivara.
