Hace cuatro meses, Emporio Armani se despidió del mercado argentino. La marca de indumentaria de lujo anunció el cierre de su único local en Buenos Aires y explicó su salida del país por las trabas burocráticas que dificultaban la comercialización de prendas importadas. Hoy, esas trabas burocráticas, bajo la forma de licencias no automáticas a la importación, hacen pensar a muchas empresas en seguir el mismo camino que la firma italiana o en achicar su estructura.
En rubros como los de indumentaria, alimentos, calzados, electrodomésticos y juguetes, entre otros, las empresas están desesperadas, porque no pueden cubrir la demanda de sus clientes o pierden colecciones enteras de artículos que llegarán fuera de temporada. Algunas, unas 200, ya presentaron exitosos amparos ante la Justicia. Otras, la mayor parte, están expectantes o intentan negociar la obtención de los certificados de importación en el menor tiempo posible.
Desde la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, por otra parte, se aduce que la medida está justificada porque la crisis internacional hace que en ciertos mercados haya excedente de mercadería que intenta colocarse en otras plazas a un valor inferior al costo de producción, lo que se convierte en una práctica desleal que afecta a la industria de los países receptores, como la Argentina.
Sin embargo, a nadie escapa que, pese a que desde el Gobierno se hable de un simple monitoreo estadístico preventivo, las licencias apuntan a disminuir el drenaje de divisas para mantener el equilibrio de una cada vez más golpeada balanza comercial. Según un estudio de Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), sólo en el primer semestre de 2009 se fugaron US$ 11.195 millones.
La frase disparada a un grupo de empresarios por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el 5 de junio último, refuerza esta teoría: "Por cada dólar que demanden para adquirir bienes en el extranjero, tendrán que generar otro en el país. Si no les conviene, tráiganme las llaves de la empresa que yo me hago cargo de la gente. En la papelera Massuh, me va bárbaro".
Las quejas de los empresarios que ven afectado su negocio se multiplican. Raúl Costa, gerente de la importadora de indumentaria Patagonia, explicó que el gran problema para su firma era la demora en el otorgamiento del permiso. "El riesgo es recibir mercadería con la temporada ya vencida, que después no podríamos vender. Ahora, tratamos de hacer un esfuerzo importante para no irnos del país, lo que no podemos es desarrollarnos, porque la imprevisibilidad hace que uno no pueda abrir otro local", comentó Costa.
El presidente de la Cámara de Producción y Comercio Internacional de Calzado y Afines (Capcica), Juan Dumas, explicó que había complicaciones para quienes importaban partes de calzado para armar en el país. "Puede haber consecuencias en el empleo porque las demoras en las importaciones de las piezas afectan la capacidad de producción de pequeños y grandes fabricantes", señaló.
Los importadores de tornillos están en la lista de los más perjudicados, según afirmó Mariano Casermeiro, gerente de la empresa rosarina Casermeiro SRL. "El problema principal es que no podemos cubrir la demanda de los clientes y los tornillos son para procesos productivos que se utilizan en productos que a su vez se exportan, como la línea blanca, muebles y construcción. Además, las fábricas nacionales no alcanzan a cubrir la demanda y no fabrican todos los tipos de tornillos", dijo el empresario, que añadió que en idéntica situación están todas las firmas del sector.
Por el lado de los juguetes, según fuentes del sector, las más afectadas son las firmas que no producen nada en el país, como el caso de Mattel, el fabricante mundial de Barbie. Norberto Loizeau, uno de los creadores de Barbie Store, que comercializa los productos de Mattel, dijo: "Hay un faltante significativo de juguetes y electrónicos de marca Barbie". Y calculó que disponen de un 70% menos de productos que hace un año.
Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), precisó que la importación de productos alcanzados por licencias, que representan el 12% del total, cayó un 20% en los primeros siete meses del año, respecto de igual período de 2008. Por otra parte, el resto de las importaciones cayó un 50 por ciento. "Los que más caen son máquinas, bienes de capital, herramientas, bienes intermedios, que no se fabrican acá y que van a la industria y al campo. Eso significa que cayó el consumo, la producción y la inversión", según indicó.
Si bien algunas empresas presentaron amparos ante la Justicia y obtuvieron medidas cautelares que les permitieron ingresar la mercadería parada en los contenedores del puerto, la mayoría optó por tramitar las licencias no automáticas, por dos razones: porque muchas son pequeñas firmas que no pueden solventar los honorarios de los abogados o porque temen futuras represalias de Moreno.
Lo cierto es que, según confiaron desde un estudio jurídico que asesora a importadores, en la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial hay más de 4000 expedientes. "Entrar en el sexto piso d
el Ministerio de Producción, donde se tramitan los certificados de importación, es como entrar en la cancha de Boca", ejemplificó uno de los letrados, para dar una idea de la cantidad de reclamantes que pasan por esa repartición.
El subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo Bianchi, defendió la medida: "Lo hicimos porque es un año de crisis internacional de gran magnitud que hizo que la baja de la demanda en muchos mercados dejara excedentes de producción que deben colocarse en terceras plazas a un valor inferior al costo de producción, lo que sería una competencia desleal".
Según dijo, esa circunstancia hace necesario un monitoreo estadístico de las cantidades que se importan.
Desde el sector importador, se sostiene que, por el contrario, lo que se hace es trabar los procesos productivos de aquellas industrias que dependen de insumos importados. Esta postura es apoyada por el economista Dante Sica, de la consultora Abeceb, quien opinó que, si bien se protege a algunos sectores, muchas veces se perjudica a ciertas líneas de producción. "Esto ocurre en el caso de las automotrices, que trabajan con plazos muy cortos para importar sus insumos", indicó.
"El Gobierno está desbordado y puede llegar a parar su proceso de producción industrial, ya que algunas empresas tienen muchos problemas por este tema", opinó el letrado de un estudio especializado en estas cuestiones, que pidió no ser mencionado.
La demora en el trámite de los certificados es una cuestión central. Si bien estas licencias están avaladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), aquí muchas veces los plazos no se cumplen y, en algunos casos, superan los 120 días, lo que genera incertidumbre a la hora de planear un programa de producción.
Pérez Santisteban dijo que ésa era su principal preocupación, porque al haber más productos alcanzados por licencias no automáticas, se produce una sobrecarga en el sector del Ministerio de la Producción que atiende estos trámites. "Esto produce un retraso que hace que no se puedan cumplir los plazos de 30 o 60 días, y se empieza a generar incertidumbre entre los importadores."
Las consecuencias de esta política pueden ser desastrosas. Raúl Sanguinetti, socio del estudio contable Baker Tilly Cysas, advirtió: "Esto puede terminar en una crisis de empleo. Muchos se van a ir y muchos ya se fueron. Se van a hacer recortes y se va a apelar a los despidos".
Mientras que desde CIRA se espera que la situación sea transitoria, el subsecretario Bianchi confió a este diario que el sistema de licencias no automáticas seguirá, como mínimo, todo este año. "Después, veremos si es necesario seguir monitoreando ciertos sectores, de acuerdo con el contexto internacional", adelantó el funcionario.
Consultado sobre los problemas que provoca el retraso en el otorgamiento de los certificados, Bianchi respondió: "Tratamos de que salgan antes de los 60 días, lo que sucede es que hay algunos importadores que no se aguantan ese tiempo".
Sin embargo, los importadores consultados denuncian otros tiempos. "Pasaron más de 120 días desde que presentamos la solicitud y aún no hemos tenido respuesta de la firma de las licencias", se quejó Costa.
Pero, más allá de la demora: ¿es acertada esta estrategia? Para Sanguinetti, se trata de una manta corta, porque se acomoda un poco el tema cambiario, que es sensible, pero se pierde un monto de recaudación por derecho de importación grandísimo, más todos los impuestos que se dejan de cobrar por la venta. "Por un tiempo, puede dar resultado, pero después se vuelve en contra", afirmó.
Según Sica, estas licencias son instrumentos coyunturales, que deben usarse al efecto de superar algún impacto colateral. "Pero da la sensación de que el Gobierno lo utiliza como algo permanente y eso lo torna bastante distorsivo. Además, al ser decidido en forma unilateral, nos puede traer problemas con los socios del Mercosur y con la OMC", destacó.
Marcela Cristini, economista de FIEL, sostuvo que si no se enfrenta el problema de largo plazo y se usan de vez en cuando barreras proteccionistas, lo que sucede es que la inversión se mueve a sectores protegidos y los consumidores terminan pagando más caro lo que consumen. "Está bien pensar que sin empleo no hay consumidores y, por lo tanto, hay que defender el empleo; pero hay que buscar los medios más eficientes para solucionar el problema del largo plazo", concluyó.
deNeXos – 24/08/09 – MT
Fuente: La Nación
