Los grandes usuarios de autopistas criticaron el nuevo cuadro tarifario y reiteraron sus propuestas para mejorar el sistema.
Es grave premiar a una empresa incumplidora con un aumento del 100% en las tarifas de peaje.
El nuevo esquema tarifario para las autopistas, que entrará en vigor a principios de julio, fue rechazado por parte de los usuarios viales, ya que, a pesar de la consulta ciudadana por escrito realizada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y que concluyó el 18 de junio, el Gobierno Nacional aprobó un aumento del 100% en las tarifas de peaje.
Además, según la decisión oficial, se implementará un ajuste mensual teniendo en cuenta un Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).
La medidaha sido criticada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que destacó que la consulta ciudadana fue un “mero formalismo sin impacto real”, por no ser vinculante, lo que la hizo «simplemente decorativa”.
Desde el Conaduv consideraron que “es grave premiar a una empresa incumplidora con un aumento del 100% en las tarifas de peaje, especialmente cuando la prórroga contractual de dicha empresa está siendo investigada por la justicia”.
Por otra parte, los empresarios del transporte y otros grandes usuarios de autopistas reclamaron la implementación de un ente regulador estatal que proteja los derechos de quienes transitan por esas vías.
El coordinador de Conaduv e integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia), Ricardo Lasca, cuestionó la falta de debate para imponer un nuevo cuadro tarifario y la imposibilidad de modificar el porcentaje de aumento ya predefinido.
Recordó que los caminos son “de dominio público y no propiedad de quienes gobiernan”. También destacó que la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., que opera las rutas en cuestión, se encuentra en concurso preventivo de acreedores, lo que debería ser causal de extinción del contrato.
El Conaduv propuso eliminar el sistema de cobro directo de peaje y reemplazarlo por uno indirecto sin cabinas en ruta. Sugirió reasignar parte de los fondos recaudados del Impuesto a los Combustibles para que vialidad nacional se encargue del mantenimiento y conservación de los corredores viales.
Destacó que ese sistema reducirá costos de transporte, mejorará las economías regionales y disminuirá los accidentes viales, entre otros beneficios que no solo alcanzarían a los usuarios directos.
