La Corte Suprema solicitó a cinco provincias informes sobre los controles interjurisdiccionales al tránsito sobre las rutas.
Los excesos en los controles habrían causado inconvenientes a particulares, además de trastornos a los productores y transportistas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a cinco provincias para que en 72 horas informen sobre las medidas y protocolos que dificultan la circulación nacional por las rutas en el marco del aislamiento social dispuesto ante la pandemia de coronavirus.
La máxima instancia judicial se dirigió a las autoridades provinciales de Salta, San Luis, Córdoba, Formosa y Corrientes, que aplican restricciones al tránsito que llegan hasta bloqueos totales de rutas interjurisdiccionales, ante lo cual fueron presentados varios pedidos de amparo por parte afectados por esas decisiones.
La medida surgió por un recurso presentado por Ernesto Crescia, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a quien se le impidió el acceso a un establecimiento agrario que administra en la localidad salteña de La Candelaria, obligándolo a realizar con carácter previo, una internación en el Hotel Termas de Rosario de la Frontera.
En Córdoba, la situación de mayor difusión pública fue cuando se impidió, con un gran operativo, que Pablo Musse pudiera acompañar a su hija Solange enferma de cáncer en la ciudad de Villa María, obligándolo a retornar a Neuquén.
En la medida, la Corte aludió a un recurso de amparo que presentaron la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Asociación Fomento Rural Pueblo Torres de Vicuña Mackenna, la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero n° 158 de Achiras, para reclamar por las trabas impuestas por San Luis.
Si bien se ha llegado a un principio de arreglo en la zona, según los denunciantes, las medidas del Gobierno de San Luis lesionan “con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar y profesar libremente el culto”.
Situaciones similares ocurrieron en Corrientes y en San Luis. Los denunciantes, en general, consideraron que los cortes en las rutas podrían haber afectado derechos instituidos en la Constitución Nacional, lo cual deberá ser analizado por la Corte, luego de recibir los informes.
Los excesos en los controles habrían causado inconvenientes en el tránsito de particulares –como los señalados- además de trastornos a los productores de zonas limítrofes entre provincias que deben moverse entre los establecimientos y a los transportistas que enfrentan restricciones desde marzo pasado con casos de extrema dureza.
