La industria automotriz deberá certificar las emisiones contaminantes, los ruidos y las radiaciones parásitas, de los nuevos modelos de automotores.
La reglamentación en materia de seguridad y emisiones vehiculares fue modificada, incorporando una actualización de los procedimientos de certificación requeridos a la industria para la comercialización de nuevos modelos de vehículos automotores.
La novedad, publicada el jueves en el Boletín Oficial, aplica a los aspectos de transporte y seguridad, como también en cuanto a los procedimientos para la homologación de nuevos modelos.
La actualización incorporó un nuevo instrumento denominado Licencia de Configuración Ambiental, a través del cual la industria automotriz y los importadores de vehículos deberán certificar ante el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable los aspectos ambientales, en particular las emisiones contaminantes, los ruidos y las radiaciones parásitas, de los nuevos modelos de automotores.
La obtención de esta nueva licencia, junto con la de Configuración de Modelo tramitada en el Ministerio de Producción para certificar los aspectos de seguridad, habilitará la comercialización de nuevos modelos dentro del territorio nacional.
Entre los cambios también se destaca la habilitación del uso de los «bitrenes» o camiones con doble acoplado en algunas rutas del país, lo que propiciará una reducción de costos logísticos del transporte así como de las emisiones relativas a los gases de efecto invernadero con una mejora de la eficiencia energética.
La actualización fue incorporada en el Decreto 32/2018 de la cartera de Transporte y modifica el Decreto 779/95 que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.
La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación; la Secretaría de Industria y Servicios de la cartera de Producción; la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial del Ministerio de Transporte; la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participaron de la redacción de la norma.