La participación público privada resolvería la realización de obras que deberían postergarse por el déficit fiscal, según Morea.
El subsecretario de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas, José Luis Morea, aseguró que “Con las PPP podemos hacer las obras de infraestructura que, de lo contrario, deberían diferirse 4 o 5 años, por el déficit fiscal”, pero aclaró que en la Argentina todavía “nos enfrentamos a tres o quizá cuatro años de déficit, que vamos a ir reduciendo”.
Morea habló en la III Jornada del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres), en el VIII Congreso Internacional de Ciencias Económicas organizado por la Universidad de Belgrano, cinco días antes de la apertura de los sobres de la primera licitación con eses sistema para la construcción de una red de seis autopistas y rutas seguras, bajo la órbita del Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad, por casi 6.000 millones de dólares.
El funcionario confirmó que “el plan de PPP incluye 60 proyectos, bajo desarrollo de los ministerios de Finanzas, Transporte, Interior, Salud y Justicia, en 17 procesos licitatorios que esperamos concretar en un plazo de 12 a 18 meses, por una inversión de 30.000 millones de dólares”.
Ricardo Carciofi, jefe de auditores de la Auditoría General de la Nación, indicó que, “si bien el mecanismo de PPP permite aumentar el gasto en infraestructura sin seguir comprometiendo el déficit fiscal”, subrayó que “la clave es la calidad de los servicios para el desarrollo eficiente de la infraestructura”, y que su objetivo “no puede ser el de hacer un bypass de las cuentas públicas”.
El economista jefe de FIEL Fernando Navajas puntualizó que la literatura económica muestra la necesidad de un gasto anual en infraestructura de 4% del PBI para sostener el crecimiento, y advirtió que en América latina apenas llega al 2,5% y que la Argentina se ubica incluso por debajo de ese promedio.
Para que funcionen, remarcó, los PPP “deben reducir los costos de construcción, operación y mantenimiento”, además de “lograr que el costo de financiamiento sea bajo”, y que “la mayor participación en el pago sea de la demanda”, con el propósito de “liberar de los cargos a los contribuyentes”. En ese sentido, observó que las experiencias en nuestra región muestran que el primer requisito es posible de cumplir; el segundo depende del proyecto, y el tercero suele obedecer a la oportunidad y la voluntad política, “como se está viendo ahora con las tarifas”.
