El Gobierno declaró la «emergencia hídrica» ante la histórica bajante en el Río Paraná, la más importante de los últimos 77 años.
El Ministerio de Transporte «observará las posibilidades de navegación y acceso a puertos.
Debido al «impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú», el presidente Alberto Fernández declaró el «Estado de Emergencia Hídrica» por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires.
La declaración de la «emergencia hídrica», instrumentada a través del Decreto 482/2021 que se publicó en el Boletín Oficial, faculta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a «delimitar las áreas afectadas por la emergencia».
El déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná y del río Iguazú y la sequía son factores que además afectan a la principal vía de salida de las exportaciones de materias primas.
La decisión se fundó en el «impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta hídrica de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú» y el cuerpo instruye a diferentes áreas del Gobierno a adoptar medidas para «mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante».
Así, el Ministerio de Transporte «observará las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos con relación a la emergencia; la Secretaría de Energía, asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas».
Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura.
Por su parte, Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (Siname), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), asistirá las poblaciones ribereñas, y Ambiente y Desarrollo Sustentable mantendrá el control de incendios.
El Banco Nación y la AFIP dispondrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente. Asimismo, se define la suspensión de plazos administrativos en las regiones afectadas, según informó el Gobierno.
