Mediante medidas administrativas, el Gobierno Nacional inició el camino de finalización de los proyectos de Participación Público Privada.
Los proyectos implicaban una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 kilómetros de autopistas y rutas.
El Ministerio de Obras Públicas de la Nación impulsó el inicio del proceso de recisión de los contratos de Participación Público Privada (PPP) para la concreción de obras viales que había impulsado el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había anunciado una auditoria para considerar la viabilidad de esos contratos, lo que se retrasó por la pandemina de Covid-19, pero retomó vigor cuando las autoridades intimaron a los concesionarios a actualizar las garantías.
Superados escollos y plazos, el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Gustavo Arrieta, había solicitado al ministerio que se inicie un proceso de evaluación de las causas de extinción previstas en los contratos, para ponerles fin.
Por su parte, en una nota del pasado 14 de julio dirigida al titular de Vialidad como responsable de las obras que debían haber iniciado sobre distintas rutas, Katopodis sostuvo que “se informa que no existen objeciones para la prosecución del trámite”, de finiquito.
Los contratos de Participación Público Privada fueron un proyecto por el cual en julio de 2018 se adjudicaron seis obras de corredores viales bajo esa modalidad que se había aplicado con escaso éxito en Gran Bretaña y España.
Esos contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.
Esos seis proyectos implicaban una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 kilómetros de autopistas y rutas, aunque el costo final sería mayor, además de que en los primeros dos años solo se construyó entre dos y cuatro por ciento de lo comprometido.
