El Gobierno y la oposición sostienen que no se le aseguró el monopolio al actual concesionario, la firma belga Katoen Natie.
El gobierno uruguayo logró un acuerdo político en su bancada legislativa para aprobar la ley que permitirá licitar una segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo, lo que constituirá en una cesión de 30 años a una empresa de capitales ciento por ciento privados.
La licitación había generado polémica entre los senadores y diputados del Frente Amplio, por reparos de la bancada del mayoritario "Movimiento de Participación Popular" (MPP), una subcoalición dirigida por el Movimiento Tupamaro.
Con cambios no significativos en el proyecto de ley, el MPP dio el visto bueno a la reforma y ahora se ajustan detalles de redacción del texto para poder hacer el llamado a licitación.
El plan de la nueva terminal ha generado resistencia en la empresa belga Katoen Natie que gestiona la Terminal Cuenca del Plata. También ha despertado mucha expectativa en empresas del sector que aspiran a poder operar la futura plataforma de logística.
Katoen Natie es un grupo empresarial multinacional de origen belga, está entre los principales operadores portuarios y logísticos en el mundo, y desde 2001 es el concesionario de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo. La llamada "Terminal Cuenca del Plata" se compone de una sociedad entre Katoen Natie, con el 80% del capital accionario, y del ente estatal uruguayo Administración Nacional de Puertos (ANP) con el restante 20%.
Estos operadores cuestionan la licitación con el argumento de que no hay mercado para dos terminales.
Justo la semana última divulgaron datos del primer trimestre del año que arrojaron una caída en el movimiento de contenedores, lo que está asociado a la fuerte desaceleración de la economía mundial y local.
Según el reporte de TCP, la carga y descarga de contenedores en el puerto montevideano se redujo un 7% entre enero y marzo respecto del mismo período de un año atrás. Pero la baja fue más fuerte en el movimiento de la propia terminal: 11,6% menos que el año pasado.
Las autoridades sostienen que la licitación de 2001 no le aseguró el monopolio a la compañía belga y también que es muy necesaria una nueva terminal y que no se puede generar preocupación por la caída de actividad en un período corto, motivo del impacto de la crisis internacional.
Obviamente, las empresas interesadas en competir con Katoen en este negocio refuerzan la idea que transmite el gobierno de Tabaré Vázquez. "No hace falta ser muy experto para observar, cuando uno pasa por allí, que el Puerto está saturado", dijo, en el Parlamento, Martín Fernández de la firma Christophersen, cuando participó días atrás en la reunión de la comisión que analiza el proyecto que habilitará la licitación. Esta firma y Maersk aparecen como interesados en el negocio nuevo.
Tras las negociaciones en la bancada del Frente Amplio, la esencia del llamado a interesados quedó redactada igual que el original ("esta sociedad anónima, formalizará un contrato con la Administración Nacional de Puertos, por un plazo de treinta años, a efectos de establecer los términos y condiciones que regirán la concesión para la construcción, administración, conservación y explotación de la nueva terminal"), pero se incluyó una cláusula que indica: "En dicho contrato, la ANP establecerá mecanismos para mitigar posibles impactos negativos sobre el empleo, relacionados con la adjudicación de una nueva terminal de contenedores".
El acuerdo político mantuvo que "la sociedad que se va a crear para administrar la terminal será ciento por ciento privada", pero acordó "que el Estado tendrá dos síndicos que controlarán la gestión".
El nuevo concesionario deberá pagar un canon que surgirá de la subasta que se hará y luego "a partir de los dos años, este mismo monto se transformará en un canon variable", así como otro "por el uso del espejo de agua" y "por movilización de contenedores", según anunció el senador Víctor Vaillant (MPP-F. Amplio).
En la comisión legislativa hay predisposición de todos los partidos por votar el proyecto de ley, aunque se realizan consultas sobre algunas normas de topes de contratación de personal extranjero, por temor a que se esté violando algún compromiso del Mercosur o de tratados similares.
Para que se pueda realizar la licitación es necesario que el proyecto sea aprobado por el plenario del Senado y luego en la Cámara de Diputados, lo que se estima que se hará en las próximas semanas.
Fuente: La Nación
15 /04 /09
MT
