Aprocam pidió al intendente de Las Heras que explique si el centro de servicios previsto será de uso obligatorio y cuánto costará.
La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) pidió al intendente de Las Heras que explique si el centro de servicios previsto será de uso obligatorio y cuánto costará. En tanto, una firma porteña estudia ir a la Justicia por haber sido excluida. La construcción de un mega centro de servicios para transportistas en Uspallata, adjudicado al empresario Daniel Vila, no tardó en generar reacciones de distintos sectores.
Por un lado, desde Aprocam, cuyos directivos solicitaron una audiencia al intendente de Las Heras, Rubén Miranda, para pedir precisiones sobre el proyecto que, aseguran, desconocían. Por otro, de una empresa de Buenos Aires que promete dar una batalla legal, luego de haber sido marginada del proceso licitatorio con un proyecto similar.
Según indicó el representante legal de Aprocam, Roberto Occhipinti, la reunión fue solicitada una vez más a la intendencia de Las Heras debido al total desconocimiento que tiene el transporte de cargas, que será el principal afectado por este proyecto, acerca de sus implicancias y consecuencias no sólo para el transporte sino para el valle de Uspallata.
En tanto, la firma que se había propuesto para quedarse con el emprendimiento argumenta haber contado en su momento con la iniciativa privada. Si bien sus directivos evitaron ayer hacer declaraciones, por lo pronto se sabe que evalúan la estrategia para objetar la adjudicación a la espera de que tanto la provincia como la comuna justifiquen la decisión y, si es necesario, den marcha atrás.
No más costos para el flete
Más allá de pedir información en detalle, los empresarios reclaman precisiones de condiciones de acceso y uso de la futura ciudad de camioneros. Sobre todo, lo vinculado a la posibilidad de cobro de una tarifa obligatoria, algo que, según pretenden, el propio Miranda deberá precisarles por escrito.
Para Calzetti, lo que vemos es que se hará una gran inversión para que el promedio de ocupación sea probablemente de 30 días al año, en coincidencia con los cierres del paso. El que ejecute el proyecto querrá tener un retorno lo más rápido posible y la única forma es que se obligue a ingresar cobrando un canon. Ya estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo, como pasa con el Iscamen, cuyos controles en ruta pagan los que circulan.
Pero no sólo el pago de una tarifa por el uso obligatorio del predio preocupa a los transportistas por su impacto en los costos del flete internacional. El encarecimiento pasa por las demoras: no puede ser que en 400 kilómetros hasta Santiago de Chile haya que parar cuatro veces, lo que hace que un trayecto de 6 horas se extienda a 12 o más, añadió Calzetti.
Los directivos ya habían tenido una reunión con Miranda meses atrás. En ella, según afirmaron, el intendente les había garantizado que los múltiples servicios no incrementarían sustancialmente los costos. Por eso, si las respuestas que esperan nos los satisface, evalúan alternativas que van desde objeciones a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) hasta de la transparencia del proceso de adjudicación.
Incluso hay otros móviles del planteo sectorial. Es que en 2007, durante el gobierno de Julio Cobos, Aprocam había presentado su propia iniciativa para avanzar en un centro integrado que unificara las Aduanas argentina y chilena, con algunos servicios anexos pero nunca obtuvo las autorizaciones necesarias.
Fuente: Los Andes – Mendoza
