El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial lamenta la actitud antidemocrática y autoritaria del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Ante el anuncio por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de un aumento del 40 % en las tarifas de peaje en la Autopista que une Rosario con Santa Fe que regirá a partir del mes de septiembre próximo, el CONADUV expresa su más enérgico rechazo a este incremento, por ilegal, arbitrario, injusto y principalmente por carecer de fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial lamenta la actitud antidemocrática y autoritaria del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que ni siquiera convocó a una audiencia pública donde los usuarios viales pudieran expresar sus reclamos y las alternativas para evitar este escandaloso aumento. Cabe señalar que los usuarios viales son parte de los contratos de concesión, y son quines realmente con mucho esfuerzo financian este régimen perverso de “falso peaje” y de impuesto al tránsito.
Lo único que se logra con esta medida es seguir beneficiando y premiando a los concesionarios de los caminos, sin importarle al Estado Provincial los graves perjuicios económicos que ocasionan y seguirán ocasionando, no sólo a los usuarios viales, sino a toda la comunidad en su conjunto.
El CONADUV reitera la denuncia realizada al inicio de las respectivas concesiones viales llevadas a cabo en las rutas de la Provincia y la autopista Rosario-Santa Fe, en cuanto a que no existen estudios técnico-económicos que fundamenten las tarifas que se han estado cobrando y que se cobran actualmente, no cumpliendo así con lo expresamente establecido por la Ley de peaje Provincial 11.204 .
Dicha Ley expresa claramente que “las tarifas de peaje no deben superar el valor económico del servicio ofrecido”, lo que en el lenguaje común, está representado por el ahorro que el usuario debe recibir en razón de las obras de mejora que el Concesionario está obligado a efectuar sobre la infraestructura, en razón de la concesión.
Es decir, que el cobro de la tarifa de peaje, es una contraprestación por un ahorro real que recibe el usuario, y nunca la tarifa lo debe superar. Desde ya que este ahorro se puede medir, y existen metodologías aceptadas al respecto, todo lo cual significa un conocimiento técnico, disponible a través de profesionales especializados en ingeniería económica de transporte.
Conviene tener en claro la importancia de este tema tarifario. En efecto, si la tarifa de peaje no cumple con la Ley vigente, ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte, tal cual ocurre desde la implementación del sistema de peaje en la Provincia de Santa Fe, no sólo no hay ningún ahorro excedente para el usuario, sino que no se puede bajar el costo de transporte, y ésta es justamente la función económica fundamental de la obra de mejora vial encargada al Concesionario. Una de las principales funciones del camino es generar riquezas o beneficios económicos para toda la sociedad en su conjunto, fundamentalmente a través de la baja en el costo de transporte.
La disminución del costo de transporte mediante la mejora permanente de la infraestructura correspondiente, es objetivo irrenunciable de los Países, por la mportancia que tal disminución tiene en la promoción económica regional.
Lo que sucede en la Provincia de Santa Fe, es que el CONADUV, apoyadas por expertos en el tema, sostienen con razón que las tarifas aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial son ILEGALES, ya que son superiores a los ahorros, y en consecuencia no cumplen con la Ley de peaje vigente ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte; por lo tanto no hay ahorros excedentes, no hay disminución del costo de transporte, y no hay promoción económica regional.
En las condiciones actuales, hay pérdida económica y las tarifas deben ser corregidas, o reemplazar el régimen de peaje con cabinas de cobro en ruta, por un sistema de peaje indirecto o en la sombra, SIN GARITAS DE COBRO NI ADUANAS INTERIORES, y evitando así el costo que tienen las casillas de peaje, y revertir esta lamentable situación.
Es importante destacar, que el propio ex Secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Ing. Edgardo Berli, durante la gestión del ex Gobernador Carlos Reuteman, reconoció públicamente en una nota realizada por el diario Castellanos de Rafaela en el año 2000, que no se habían realizados los estudios técnicos correspondientes que fundamentaran las tarifas de peaje que se están cobrando desde el inicio de las concesiones. Es realmente increíble que a pesar de estas afirmaciones hechas por un Funcionario Público del Gobierno de Santa Fe, nadie haya tomado las medidas necesarias para suspender en forma inmediata el cobro de peaje que es claramente ilegal.
La prueba del hecho observado en la realidad del mercado de transporte, es que al implementarse este falso peaje o impuesto al tránsito, los fletes del transporte de cargas por camión aumentaron , en lugar de haber disminuido si las tarifas hubieran cumplido con lo que marcan las leyes de peaje vigentes.
Frente a éste reclamo de los usuarios, el Poder Ejecutivo Provincial hace oídos sordos y no toman las medidas necesarias para corregir esta situación.
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe y la Legislatura correspondiente , son los que a través de Comisiones Especiales, deben actuar para resolver el problema suscitado, con todas las facultades para asistirse mediante especialistas y realizar aquellas audiencias públicas que permitan conocer las posiciones de todas las partes, y en definitiva proceder a arbitrar de manera de adoptar la solución que basada en fundamentos técnicos, económicos y legales, pruebe ser la que responde a satisfacer la necesidad y conveniencia públicas, es decir, de la comunidad en su conjunto.
Para peor, no existen Entes Reguladores, que contemplen la participación activa, con voz y voto de los usuarios viales.
El Poder Ejecutivo Santafecino y la Legislatura correspondiente no actúan como árbitro eficiente en los términos mencionados y cuando la importancia de los reclamos así lo justifique. La consecuencia es que las situaciones planteadas subsisten en el tiempo, y no existe ninguna garantía institucional de diagnóstico cierto de errores y menos de gestión práctica que corrija los mismos.
La Legislatura provincial, constitucionalmente tiene a su cargo dentro del poder republicano, la tarea de control de los actos del Ejecutivo, y más aún, cuando por ejemplo, existen
Comisiones de Obras Públicas, de Transporte, etc., Defensor del Pueblo, entre otros, con el objeto de asegurar que se respete el interés general. El reclamo de los usuarios sobre la ILEGALIDAD de las tarifas de peaje y sus perjuicios, cae en su jurisdicción.
El CONADUV exhorta al señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, a cambiar de actitud y suspender el incremento de tarifas de peaje anunciado, y convocar en forma urgente a una Audiencia Pública “VINCULANTE”, donde todos los interesados puedan cambiar opiniones sobre la infraestructura vial provincial y especialmente su financiamiento.
Lic. Ricardo Lasca – Coordinador del CONADUV
CADIA-Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos-CELADI Cámara Empr. de Transp. de Pasajeros de Larga Distancia-FAA Federación Agraria Argentina-CATAC Confederación del Transporte Automotor de Cargas-FAN Frente Agropecuario Nacional-FEDECAMARAS-CGP Confederación Gral. de la Producción-CGE Confederación Gral. Económica-CATET Cámara Argentina de Transportadores con Equipos Tolvas-Comisión de Vecinos de Mercedes-Bs.As.-Federación del Personal de Vialidad Nacional-APYME Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios-Comisión Autoconvocada Ciudadanos Perjudicados de Chascomús-Cooperativa Diesel Ltda..-PROCONSUMER Asoc. Protección Consumidores del Mercado Común del Sur-APYMEV Asociación Pequeños y Medianos Empresarios Viales-CEYMATT Centro de Estudio e Investigación del Medio Ambiente, Tránsito y Transporte-DEUCO Defensa de Usuarios y Consumidores – A.U.C.A. (Asociación de Usuarios y Consumidores Avellaneda)
