El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) ratificó su denuncia contra la “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje” que habría beneficiado a las empresas operadoras y perjudicado al erario estatal.
La denuncia presentada por la entidad especificó que fueron siete las concesionarias que se vieron beneficiadas en la continuidad de operaciones por peaje de los Corredores Viales. “Estos contratos tenían un plazo de seis años, por lo que debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de plazo de 12 meses, siendo el vencimiento definitivo el 21 de abril de 2017” afirmaron y añadieron que nunca se hizo el llamado a licitación de dichos corredores.
Sin embargo, se continuaron “emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $ 30.000 millones, según surge de los sistemas de la propia Vialidad, más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”, indicó el sindicato.
La denuncia argumenta que con las prórrogas dispuestas “le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años la operación de los corredores concesionados”.
“Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”, finalizó el STVyARA, respecto de la denuncia que involucró al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex administrador de Vialidad, Javier Iguacel.
