Los caminos rurales requieren de una serie de soluciones para lograr la competitividad del país, que se analizaron durante un Congreso realizado en Rosario.
“Estos caminos no requieren pavimentación, sino rehabilitación y un correcto mantenimiento”.
La necesidad de que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales establezcan una política de Estado para la mejora y mantenimiento de la red de caminos rurales y la elaboración de un plan integral de obras de mejoramiento y la implementación de sistemas de gestión de la conservación vial, fueron reclamados durante el IV Congreso Argentino de Caminos Rurales.
El Congreso convocado por la Asociación Argentina de Carreteras (AAC), se realizó esta semana en la ciudad de Rosario, con la participación de 200 congresistas, autoridades nacionales, provinciales, de municipios, representantes de entidades de productores, técnicos y por primera vez, se incluyó la visión de los transportistas, principales usuarios de estas vías.
Los asistentes acordaron convertir este problema en una política de Estado y relataron las experiencias desarrolladas en municipios y departamentos, con soluciones técnicas variadas, atendiendo la seguridad vial como parte necesaria de la conectividad que brindan estos tramos y se consideró necesario modificar y adecuar las políticas viales para los caminos rurales.
Según los organizadores “los sobrecostos, que generan caída en la competitividad, y el impacto social que genera la situación actual de los caminos rurales ameritan una política explícita que incluya a todos los actores” involucrados.
Hicieron hincapié en que “estos caminos no requieren necesariamente su pavimentación, sino su rehabilitación y un correcto mantenimiento y el desarrollo de obras básicas que permitan su transitabilidad permanente”.
Los asistentes consideraron imprescindible que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales establezcan una política de Estado para la mejora y mantenimiento de la red de caminos rurales y que se definan a los organismos responsables de la puesta en marcha de esta política y la auditoría del manejo de los fondos, vital para lograr la competitividad económica y la atención a la salud y la educación de las poblaciones rurales.
Además, estimaron indispensable un plan integral de obras de mejoramiento y la implementación de sistemas de gestión de la conservación vial y que el Estado facilite la adecuación del equipamiento, mediante exenciones impositivas, créditos u otros métodos de financiación, como así también el apoyo técnico adecuado para llevar adelante las mejoras necesarias.
Finalmente apuntaron que dotar de un marco jurídico es clave para el ordenamiento y vigencia de este plan. Por ello, impulsarán un proyecto de ley que fije las bases para que la coordinación posterior entre los distintos eslabones sea la adecuada, como así también su financiación.
