La tardanza en la adhesión provincial al aumento de la capacidad de carga estaría generando pérdidas económicas y el peligro de reducir puestos de trabajo.
Empresarios del sector del transporte manifestaron su “preocupación” ante la tardanza de algunas provincias, como Santa Fe, en adherir al Decreto 32/2018, por el cual se aprobaron las nuevas configuraciones de vehículos –entre ellos los bitrenes-, para aumentar de 45 a 75 toneladas la capacidad máxima de carga, lo que apuntaría a la disminución de los costos.
Ante esa demora, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (Cafas) recordaron que, por ese decreto, “desde enero último, la capacidad máxima de carga transportada aumentó a 75 toneladas pero al no implementarse en tiempo y forma genera múltiples inconvenientes, tanto a transportistas como a fabricantes. Santa Fe es una de las más afectadas”.
Entre otras configuraciones, el texto legal referido autorizó el proyecto de escalabilidad impulsado por Fadeeac y acompañado técnicamente por Cafas que “permite un aumento de las capacidades de cargas en nuevos equipos y equipos existentes, con el objetivo de mejorar las capacidades de carga de las unidades de transporte”, dijeron y agregaron que “al mismo tiempo, intenta bajar los costos logísticos, al generar alternativas de fabricación de equipos más económicos, con mayor seguridad vial y mejor productividad”.
Sostuvieron la Fadeeac y la Cafas que “los transportistas invirtieron modificar o adquirir nuevos equipos de las nuevas configuraciones pero no pueden implementarlo debido a esta dilación en la adhesión provincial a la normativa. Como consecuencia, se inmovilizan los activos y se deben suspender las inversiones hasta que sea resuelto, lo que se ve reflejado en la caída de las ventas de camiones pesados del orden del 30% y de remolques en el orden del 15%”.
Respecto de los remolques, la Cafas advirtió que “las ventas ya habían registrado un descenso del 50% promedio, lo que genera posibles despidos en ese sector”.
Como ejemplo de las derivaciones del retraso citaron, en un comunicado, el del puerto de Rosario, “donde un conjunto de camiones y semirremolques escalados con las nuevas capacidades de 52,5 toneladas no podría ingresar porque la provincia no adhirió aún al referido decreto”.
“Esta demora tiene graves consecuencias, considerando que 12% del patentamiento de remolques se registran en Santa Fe y que, por otra parte, los fabricantes radicados allí producen en sus plantas fabriles más de la mitad de los remolques que se utilizan en el país, por lo que crean 2.500 puestos de trabajo directo y 3.500 indirectos”, agregaron las entidades.
El comunicado indicó que “no solo se impide el desarrollo de estos sectores, sino que imposibilita que los productos lleguen a precios más bajos a las góndolas, que se sumen hectáreas de producción primaria en el territorio argentino o que ganemos mercados en el extranjero; todo por la baja de los costos logísticos”.
Críticas a las demoras provinciales
